Con su ya célebre y sosegado tono de voz, seseante y susurrante, el magistrado explicó que hacer pagar ahora a todos los ciudadanos por el déficit de las eléctricas de los últimos 30 años nos equipara a “siervos” o “vasallos” y culpó a los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar de habernos hecho creer que un servicio público esencial como es la luz o la calefacción en invierno podría cortarse. Entre salvas de aplausos, Elpidio Silva concluyó: “La luz no se puede cortar, es un servicio público esencial, como no se puede dejar de atender a un ciudadano gravemente enfermo que se acerque a un hospital, sin caer en el delito de homicidio u omisión de socorro”, como ha ocurrido en Treviño (Burgos): “Las eléctricas tienen derecho a cobrar, pero no a cortar y para eso están los embargos judiciales y otros procedimientos administrativos.  La liberalización nos hizo pasar por ley de una condición de usuarios a consumidores, pero es mentira: sigue siendo un servicio público porque es esencial para la comunidad y porque desde todos los criterios esenciales es así, pero en Europa lo que se ve aquí con las eléctricas se considera un barullo“.

El juez culpó a los gestores y a los consejos de administración de querer hacernos creer que las eléctricas han cobrado de menos al consumidor y ahora deben repararlo, cuando el problema ha sido el “circo” que han montado con la continua mezcolanza de intereses políticos y eléctricos: “Italia tiene más de 20 puntos de déficit público que España y sin embargo paga por la deuda soberana la misma prima de riesgo que España. ¿Por qué Italia paga lo mismo debiendo más?. Porque la reputación de Italia es mejor que la de España. Un país que que organiza este circo no tiene reputación y el valor reputacional, marca o canon de España tiene un precio. Y cuando una gran corporación soporta un valor reputacional, tiene que haber protocolos de actuación muy severos, transparencia eminente y clara, accesos públicos a los datos y a la información, normas de organigramas, perfiles de gestores… Hay que pedir por vía judicial los protocolos de los 10 últimos años en las eléctricas y si nos dicen que ocupan una montaña, al menos exhibirlos para que los denunciantes los analicen”.

Y es que Elpidio Silva está convencido que el “circo” de las eléctricas, con el trasiego de políticos en las compañías, acabará en los tribunales, pues las eléctricas han creído que operan en un país de la Edad Media: “El siervo no podía abandonar la parcela aún pagando, el vasallo tampoco podía pagar un precio por su liberación. Se parece a lo que han hecho ellos con la luz: nos dicen que tiene déficit pero hay que calcular con precisión cuanto se debe y por qué ¿Es aceptable que toleremos que el déficit lo tarifiquen ellos? Los ciudadanos han pagado durante muchos años el servicio y ahora les dicen que deben dinero. El ciudadano no puede consignar porque no se sabía que debía ni cuanto. Y el derecho no puede aceptar la arbitrariedad que supone que solo una de las partes vaya a cuantificar el déficit“.

“Los gobiernos de Felipe González pusieron en marcha la liberalización de este servicio. Lo hizo por tramos del 25% y el ultimo tramo, casualidad, le toca hacerlo a José María Aznar. Lo interesante que tiene este tramo es que coloca en la cúpula de la gestión a determinadas personas que, también casualidad, estaban especialmente allegadas a este político”, dijo Elpidio Silva con sarcasmo, recordando que esto mismo también se organizó con todo el “núcleo duro” de la economía: el sector Energético, Telefónica, Telecomunicaciones, Argentaria, Tabacalera…

Han hecho leyes para hacernos pasar de ser usuarios a consumidores, pero es mentira: la luz sigue siendo un servicio público porque es esencial para la comunidad desde todo punto de vista. Porque lo digan cuatro leyes no deja de ser un servicio público, el error procede de una mala traducción del concepto de servicio público que hizo Eduardo García de Enterría, y coló porque estábamos en el último tramo del franquismo”. 

“El servicio público lo constituyen los servicios esenciales de la comunidad, aquí se liberalizó el sector eléctrico para rebajar el déficit público hasta un tope que era el que exigía Europa para entrar en el club, pero no se puede privar a alguien del uso o del servicio, la luz o la calefacción no se puede cortar. Si un ciudadano no paga, un juez decide si abre un procedimiento de embargo de bienes, pero jamás se corta. Es un servicio público que no deja de serlo porque Europa exija rebajar el déficit”, explicó.

Elpidio Silva tachó de “barbaridad” haberlo hecho y lo comparó con lo ocurrido en Treviño, donde un servicio vasco de ambulancias no atendió a un niño de 3 años que murió porque el pueblo pertenecía a Burgos y no a Euskadi, donde estaba el hospital más cercano: “seguramente se abrirá un procedimiento penal por homicidio u omisión de socorro“, ya que “si alguien se acerca a un centro sanitario gravemente enfermo hay que atenderle. Lo del pago se gestiona después, antes es un servicio público”. Por eso animó a pensar por qué “a principios del siglo XX esta idea estaba bien calada en la ciudadanía y ahora la hemos perdido“, hecho que tachó de “vergüenza“. “¿Como es posible que los ciudadanos no se hayan enterado de un tema como este?”, concluyó.

Aunque sin citarlo, recordó las palabras de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, “cuando insinuó un tercer rescate por la deuda eléctrica con el argumento del “oiga, yo quiero cobrar”. ¿Que es esto? ¿Como se puede tolerar algo así? La ciudadanía debe haberse ausentado o desmovilizado de sus intereses porque si uno está pendiente no ocurre esto. Los que tienen la obligación de la eficacia en la defensa de los intereses ciudadanos han fallado. Es intolerable que alguien diga que tiene una deuda y nadie se oponga a que el arbitrio lo imponga una sola de las partes: eso es algo jurídico-totalitario”.