El pasado 10 de Abril del 2018 un grupo de colectivos entre ellos sindicatos de inquilinos y la plataforma afectados por la hipoteca, se reunieron con algunos partidos políticos en el parlamento Español para hablar de las leyes del alquiler de viviendas en España.
La primera demanda de los sindicatos de inquilinos de aumentar el periodo de tiempo del contrato de alquiler hasta los 6 años, con el requisito de que debe renovarse automáticamente si no hay necesidad familiar por parte del propietario, supondría un cambio de la ley de arrendamientos urbanos. Desde nuestro punto de vista es algo que habría que estudiar. Aunque no estamos de acuerdo con aumentar el periodo de tiempo. Que cada uno opine lo que quiera.
La segunda demanda del sindicato de inquilinos nos parece importantísima, que el propietario no pueda aumentar el precio de alquiler de forma abusiva al vencerse el periodo de alquiler nos parece importante y esto ya se hace en países avanzados como Canadá. Nos parece una medida interesante.
La quinta de su demanda nos parece muy correcta, en cuanto a que el estado Español tiene la obligación de cumplir con la Constitución Española y debe garantizar el derecho a la vivienda de las personas, por lo tanto, no se puede desahuciar a nadie si no existe una alternativa donde vivir. (Alternativa habitacional) Medida que defiende la coalición electoral de Unidos Podemos y que va en consonancia con la postura del 15M.
Sin embargo de entre estas seis medidas propuestas por los sindicatos de inquilinos, echamos de menos una séptima medida urgente. La medida para luchar contra el daño que ha hecho airbnb( y otras webs) a las personas que quieren alquilar una vivienda. Airbnb ha creado un oligopolio ya que aunque inicialmente está página web aparecía como la solución al elevado coste de una habitación de hotel, y si durante un periodo de tiempo se podía encontrar una habitación para alquilar por pocos días, a un precio bajo, con el tiempo hemos visto como el alquilar una habitación a través de airbnb también es bastante caro y se ha convertido en un negocio especulativo, pues muchos propietarios ya no alquilan sus casas a inquilinos por un periodo largo sino que las alquilan en webs como airbnb o wimdu, lo que ha creado un problema social enorme, ya que ya casi nadie alquila una habitación en modalidad de habitación compartida, y ya cada vez menos propietarios alquilan sus casas por periodos de 3 años…porque prefieren el sistema de airbnb, haciendo más complicado encontrar un sitio donde vivir en España. Airbnb ha hecho que haya menos casas para alquilar en barrios céntricos de muchas ciudades. Y airbnb es una de las razones (entre otras) por las que ha subido mucho el precio de alquiler de la vivienda en barrios céntricos de las grandes ciudades. Algunas empresas gestionan centenares de viviendas de alquiler en airbnb, haciéndolas pasar por viviendas habituales con propietarios, y en algunas ciudades como París hay mas viviendas de alquiler de airbnb que en toda Italia como país. Algunas estimaciones dicen que en París hay 20.000 pisos menos para alquiler de larga duración, por culpa de airbnb. Además se compran edificios completos para alquilarlos en airbnb como falsas viviendas con sus propietarios con habitaciones en alquiler.
Artículo original del Salto diario.
Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y varias plataformas ciudadanas de bloques de viviendas afectadas por la presión de fondos buitres, se han reunido con varios grupos parlamentarios entre el martes 10 de Abril del 2018 y el miércoles, para presentar una serie de demandas con la intención de regular los precios del alquiler y proteger a los inquilinos.
En una rueda de prensa a las puertas del Congreso de los diputados, Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid, ha explicado que estos colectivos han venido al Congreso para reunirse con los grupos parlamentarios ya que “esta burbuja se ha creado políticamente, se puede revertir políticamente y son ellos quienes pueden hacer algo para revertir la situación”.
Casi todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular y el PNV, han recibido a los sindicatos. “El PNV no ha querido ni contestar a nuestra petición y el partido del gobierno nos ha cancelado la reunión un par de días antes”, han lamentado durante la rueda de prensa. El resto de partidos han recibido a los sindicatos, pero desde la PAH se han mostrado reacios a las posibles reacciones por parte de algunos de ellos aunque les hayan escuchado: “Tenemos ya experiencia de lo difícil que es que este tipo de cosas avancen y se materialicen ya que PP y Ciudadanos ya se encargan de tumbar todo aquello que pueda disminuir el negocio de aquellos a los que protegen”, ha declarado durante la rueda de prensa Soledad Sacristán, de la PAH Segovia, en referencia a la ILP que esos dos partidos tumbaron con sus votos en contra después de que Ciudadanos les recibiera y escuchara.
LAS SEIS PROPUESTAS.
La primera medida que han exigido ha sido la derogación de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) para cambiarla por una que defienda los contratos estables de seis años, cuando el propietario sea un particular, y de doce años, cuando se trate de grandes propietarios, renovables automáticamente si no hay una necesidad familiar por parte del propietario. Una medida que, según relató en la rueda de prensa Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, pondría al Estado español a la altura de países como Francia o Alemania que tienen regulaciones similares.
La segunda petición que han presentado a los grupos parlamentarios es la regulación de los precios del alquiler. Según el sindicato, esta regulación existe en países como Canadá o Estados Unidos. La regulación, según Palomera, pasaría por modular las subidas de los alquileres para evitar que se den situaciones en las que los propietarios suben el precio hasta un 100% al finalizar el plazo mínimo de tres años del contrato de alquiler.
La limitación y quién debe pagar los honorarios que reciben los intermediarios, los agentes inmobiliarios, es la tercera medida que han expuesto desde el sindicato. Los honorarios de estas inmobiliarias, según han explicado, los paga, en la mayoría de las ocasiones, los inquilinos y “son absolutamente abusivos”.
El fin de las ventajas fiscales que tienen las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi). Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga impuestos de sociedades por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una ventaja que ningún otro tipo de empresa disfruta. “Las estamos bonificando fiscalmente, es un escándalo democrático que estas sociedades no paguen impuesto de sociedades”, ha lamentado Palomera.
Parar los desahucios sin que haya una alternativa habitacional ha sido la quinta de las demandas que han expuesto. Según han explicado, el Gobierno está obligado a ofrecer alternativa habitacional antes de proceder a cualquier tipo de desahucio. Además, Sacristán ha narrado que, cada vez más, las personas que vienen en busca de ayuda a la PAH provienen de desahucios de alquileres o, como lo denominan en la PAH, “desahucios silenciosos”.
Por último, han pedido que se multe a aquellos grandes propietarios que poseen edificios enteros vacíos con la intención de especular y, en última instancia, que se expropien si están vacíos durante más de dos años para que pasen a formar parte de un verdadero parque de vivienda pública. “En España tenemos menos de un 2% de vivienda pública, cuando la media europea es del 15%”, ha lamentado Sacristán.
En las últimas semanas PSOE y Unidos Podemos han presentado dos propuestas de ley para regularizar y frenar la burbuja de los alquileres pero, según Gil, “los partidos políticos no están prestando el suficiente interés y empeño que necesita un problema social de esta envergadura”, a lo que Palomera ha añadido que de seguir escuchando negativas por parte del Gobierno “deben saber que nos tendrán enfrente y, la próxima vez que vengamos al Congreso, seremos miles, porque estamos ya en una situación de emergencia para muchas personas que ya no pueden pagar sus alquileres en un problema global que afecta al conjunto de la sociedad”.
