Anviped. Javier Marzal.

Asociación nacional de víctimas de profesionales del estado de derecho.

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Conclusiones de Anviped sobre la justicia Española.

La corrupción es algo normal y habitual en la justicia española entre policías nacionales y jueces.

Javier Marzal ha hablado con más de diez abogados sobre la corrupción de jueces, policías y fiscales incluso con
socios-directores de uno de los principales despachos de abogados españoles y a excepción de un abogado de oficio todos los abogados coinciden en que el abuso de autoridad y el encubrimiento entre policías y jueces, fiscales y secretarios judiciales es mutuo de estos funcionarios públicos, es la práctica habitual, añadiendo que nada que les contara les iba a parecer escandaloso ni nuevo.

En España se archivan sin estudiar el 75 % de las denuncias que se presentan en los juzgados. Es una forma de corrupción institucionalizada.

Javier Marzal ha encontrado útil un concepto. El de Abusocracia.

La Abusocracia hace referencia al gobierno de aquellos que abusan, abarcando a los funcionarios públicos que abusan del poder que la sociedad ha conferido a las instituciones públicas y a sus cargos.

Anviped ha intentado instaurar el 22 de Septiembre como día para la lucha contra la corrupción judicial en España.

Aunque las instituciones españolas afirman que en España no hay corrupción en la justicia, sin embargo las instituciones Europeas opinan lo contario del sistema judicial Español.

RESUMEN DEL INFORME GRECO SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.

Jueces, abogados y fiscales Españoles son corruptos.

El 41 % de los españoles piensa que la policia acepta sobornos habitualmente.

Los Españoles piensan que los abogados estafan habitualmente a sus clientes.

Según el Eurobarómetro de la Unión Europea, de 2011, un 41% de los españoles encuestados cree que la corrupción entre los miembros del poder judicial está muy extendida (Informe GRECO). Según el Eurobarómetro de 2014, sobre qué colectivos está extendido los “Sobornos y abuso de poder en beneficio propio”, el 41% de los encuestados
creen que en la policía es habitual
y el 31% lo cree de la Fiscalía del Estado.


Los abogados son parte del problema porque no representan la Ley. En la mayoría de los casos son malos profesionales y en otros se han instalado en la corrupción del sistema judicial, estafando habitualmente a sus clientes con la impunidad que les proporciona la disfunción del Estado de Derecho y el encubrimiento en sus colegios profesionales. Es un hecho que existe un pacto de no agresión entre los jueces y los abogados que queda
reflejado en numerosas resoluciones judiciales donde, tras dejar en evidencia la actuación letrada, los jueces no cumplen la Ley que les obliga a informar a su Colegio de Abogados por si constituye una infracción disciplinaria.

https://www.facebook.com/EU.Mov.Justice/

El libro la Abusocracia.

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Extracto del libro abusocracia, cedido gratuitamente por Javier Marzal.

Introducción………………………………………………………………….11
Sobre perjudicada…………………………………………………………..19
Comienzo del conflicto……………………………………………………..27
La Abusocracia complica la situación…………………………………….41
Nuevos actores de la Abusocracia………………………………………..55
La Abusocracia intenta aplastarnos………………………………………67
Recopilando pruebas y presentando quejas…………………………….91
¡Escándalo, sobreseimiento en primera instancia!…………………..123
Más reflexiones sobre el caso……………………………………………133
España: un Estado sin Derechos. El paraíso de la Abusocracia……147
Anexo 1. Intervinientes principales…………………………………….161
Anexo 2. Resumen cronológico………………………………………….165
Anexo 3. Derechos ante la justicia……………………………………..173
Introducción
Tal vez el vocablo Abusocracia no sea etimológicamente correcto por mezclar dos palabras de orígenes distintos (abuso del latín y cracia del griego); sin embargo, precisamente el mestizaje es la fuente de toda creatividad e
innovación, por tanto de todo progreso natural, humano o social.
La Abusocracia es un término que escuché hace un par de años. Me pareció muy útil para describir mi experiencia y la de una mujer que he estado ayudando durante los dos últimos años. Un caso que sirve para describir la situación social española y mundial, debido a la decadencia de la organización social heredada de la Era industrial, desde la que estamos realizando una transición hacia la Era de la información.
La Abusocracia hace referencia al gobierno de aquellos que abusan, abarcando a los funcionarios públicos que abusan del poder que la sociedad ha conferido a las instituciones públicas y a sus cargos.
Según Wikipedia puede existir abuso en Derecho (de autoridad, confianza, derecho, sexual y espiritual), de representación en política y además, de sustancias o de poder.
La Abusocracia hace referencia a un sistema social corrupto, porque los principales colectivos institucionales utilizan el poder que la sociedad les ha conferido, en beneficio propio, perjudicando a los habitantes de aquella zona
geopolítica donde ejercen sus funciones públicas.
En un sentido más amplio, también incluye a aquellos dirigentes y organizaciones de los sectores privados o sociedad civil que utilizan su poder -o el de la Abusocracia pública- para beneficiarse, en perjuicio de sus
stakeholders (accionistas, clientes, competencia u otros grupos de interés relacionados con su actividad).
En 2008, un periodista italiano publicó un libro, sobre la corrupción y los indecentes privilegios de la clase política de su país a la que denominó: La Casta. Un año después, un periodista español hizo el mismo estudio sobre los
políticos españoles, utilizando también La Casta para referirse a ellos. La denominación de La Casta evoca a la mafia, además ambas utilizan la coacción, aunque La Casta utiliza la coerción propia del Estado, es decir, la
posibilidad de utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El 7 de septiembre de 2011, una de las principales emisoras de radio
españolas informó que, en lo que llevábamos de año, se habían publicado unos 10 libros dedicados a la corrupción institucional -sobre todo política- y que en los próximos meses aparecerán varios más.
Sin embargo, cualquier tipo de corrupción, incluyendo la política y la administrativa, sólo puede alcanzar los niveles españoles cuando no funciona el Estado de Derecho. En este sentido, son los policías, fiscales y jueces, quienes
tienen la responsabilidad, la función y los medios, para impedir la corrupción, disuadiendo a aquellos que pretendan beneficiarse ilegítimamente de sus cargos o de su poder.
Tal vez, los gobernantes españoles no les asignan suficientes medios para evitar que estos técnicos de la Ley y el orden hagan su trabajo. De esta forma tienen que limitar su actividad a los delitos comunes, dejando libre y encubierta la corrupción institucional.
La combinación de numerosas leyes anticonstitucionales y la incompetencia judicial han hecho que en España, el Estado de Derecho funcione mal porque incentiva la delincuencia y perjudica a aquellos que, desgraciadamente,
tenemos que recurrir a la intervención de sus funcionarios o técnicos.
Este libro es una crítica del actual estado de incompetencia y corrupción policial y judicial, instrumentado en un caso real y actual sucedido en España desde 2009 hasta que se cumpla la Ley.
Es mi historia junto con una mujer, ambos cincuentones y con conductas intachables, que hemos sido agredidos por dos jóvenes apoyados por agentes de varios Cuerpos de Seguridad del Estado -en adelante policía-, fiscales y
jueces. Esta arbitrariedad policial y los prejuicios han hecho que los fiscales y jueces de primera instancia e instrucción también hayan actuado vulnerando nuestros derechos y libertades.
Este caso puede servir para confirmar la popularmente conocida incompetencia y corrupción de estos funcionarios públicos, institucionalizada en sus procedimientos y actuaciones. Probablemente aumenta el nivel cuando
coincide que en un partido judicial sólo hay un tipo de policía y un numero reducido de juzgados. Pero en este caso, han sido varios cuerpos policiales, fiscales y jueces de primera instancia de varias Comunidades Autónomas, por
lo que su extensión puede servirnos para tener una visión referencial de la situación nacional.
Ante la actuación caprichosa de los mencionados funcionarios, hemos requerido la intervención de varios colegios de abogados e instituciones nacionales como el Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo,
Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal y la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil; además, de informar a la Casa Real de lo sucedido.
Esta es mi primera experiencia con las instituciones del denominado Estado de Derecho. Cuando todo empezó tenía 49 años y nunca había tenido problemas judiciales. Tengo un alto nivel educativo y socioprofesional, ni siquiera había tenido contacto con la policía dado mi tipo de vida respetuoso respecto de la Ley, del funcionamiento social y de los demás.
Desde entonces, una joven que tenía 24 años -a la que llamaré Delincuente- ayudada por personas próximas a ella, nos ha agredido, a Perjudicada -su madre- y a mí, en lugares públicos con numerosos testigos identificados, en mi caso con parte de lesiones y grabada la agresión; nos ha acosado y perseguido en coche; nos ha coaccionado de diferentes formas; ha allanado cuatro veces nuestra morada en dos Comunidades Autónomas y usurpado una de ellas donde convivió con su Novio-cómplice más de un año, acosándonos, persiguiéndonos y robando todas las pertenencias de
Perjudicada, algunas mías y algunas de mi hija, menor de edad, cuando estuvo unos días con nosotros de vacaciones; ha estafado y chantajeado a su madre e intentado otras estafas que constan en varias grabaciones; ha secuestrado a
su madre según ésta; nos ha difamado y calumniado; nos ha denunciado en repetidas ocasiones con hechos falsos; ha cometido falso testimonio (perjurio)
declarando mentiras a un juez y en un juicio; se ha conchabado con policías para que coincidan en sus declaraciones, atestados y denuncias; ha simulado dos veces un delito, uno de ellos la agresión grabada; Según Perjudicada, su
hija Delincuente la está asesinando psicológicamente para quedarse con su patrimonio, del que ya tiene el usufructo por apropiación indebida; ha conspirado y planificado mi muerte. Y más actuaciones delictivas que no están
denunciadas porque no podemos probarlas.
Por parte policial o judicial: detenciones ilegales, intimidación, una sentencia arbitraria que he recurrido, sobreseimiento sin causa justificada,
tortura hacia los dos, perjurio, secuestro, indiscriminación inconstitucional y otros atentados contra nuestros derechos y libertades, así como contra el Estado de Derecho.
Existen pruebas contundentes de todas estas actuaciones delictivas que constan en 23 denuncias, quejas y reclamaciones desde el 5-2-2010, donde también se denuncian las actuaciones de varios agentes policiales, del Jefe de
un cuartel, de varios jueces y de la fiscalía.
El cuartel del mencionado Jefe es el que más ha intervenido en esta historia y le denominaré Cuartel-corrupto y a su jefe le llamaré El-Padrino.
Las cinco veces que Delincuente y sus cómplices se han acercado a Perjudicada y a mi, hemos telefoneado a la policía para que nos protegieran, pero en cuatro ocasiones sus agentes han empeorado la situación abusando de
su autoridad. Han llegado a detenerme y escoltar a Delincuente mientras ésta desvalijaba nuestra vivienda delante de nosotros.
Como veremos, estos funcionarios públicos tomaron partido prejuiciosamente por la pareja de jóvenes, encubriendo sus propias actuaciones irregulares y archivando sistemáticamente todas nuestras denuncias o manteniéndolas paradas sin comenzar las investigaciones (diligencias) durante más de un año, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley que, además, indica que deben reducirse todo lo posible cuando una
menor ha sido perjudicada como es el caso.
Por el contrario, las denuncias falsas de Delincuente siempre nos han causado inmediatas actuaciones policiales, molestas y gravosas, incluyendo mis tres detenciones irregulares, dos veces con pernoctación en un calabozo, y
miles de kilómetros en coche. En este sentido, ya veremos que Perjudicada salió peor parada aún. Incluso tuvimos que cambiar de Comunidad Autónoma, por prudencia, para evitar las acciones de Delincuente y de la policía
mencionada.
Que una persona decente haya estado en un calabozo es indigno, atenta contra los derechos humanos y contra la credibilidad del Estado de Derecho, de sus instituciones, empleados y defensores.
Desgraciadamente, nos hemos visto obligados a recurrir al sistema y nos hemos encontrado con unos funcionarios prejuiciosos y arbitrarios que no se ajustan a los hechos ni a la Ley, olvidando el carácter probatorio del Derecho
que debe regir en sus actuaciones, a la vez que nos dejaban en una terrible situación de acoso y de indefensión e inseguridad jurídicas.
Desde noviembre de 2010, ante la situación de desamparo, he tenido que informarme sobre el funcionamiento institucional, las leyes y los reglamentos relacionados con este caso, entre otros: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, la Constitución española de 1978, el Código Penal, el Código Civil, la ley de Enjuiciamiento Civil, la ley de
Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la Ley de asistencia jurídica gratuita, así como otras leyes e informaciones adicionales.
He dedicado cientos de horas para hablar con abogados y jueces, así como para recabar documentación y numerosas pruebas, incluyendo grabaciones de las actuaciones irregulares y delitos de algunos de los implicados. Este
aprendizaje e información me sirvieron para poder defenderme un poco ante las actuaciones públicas arbitrarias -o malintencionadas-, también para los recursos judiciales, quejas y reclamaciones que estoy teniendo que presentar
contra la corrupción institucional o Abusocracia.
Estos funcionarios públicos están tratando de disuadirnos en la utilización de sus servicios porque, como sabe todo español, éste es el objetivo claro y
común del funcionamiento de las administraciones públicas españolas. Incluso algunos han intentado intimidarnos, como está denunciado, abusando de su poder.
He hablado con más de diez abogados sobre este asunto -incluyendo socios-directores de uno de los principales despachos españoles- y, salvo uno de oficio, todos coinciden en que el abuso de autoridad y el encubrimiento
mutuo de estos funcionarios públicos es la práctica habitual, añadiendo que nada que les contara les iba a parecer escandaloso ni nuevo.
Estas afirmaciones más esta experiencia personal me invitan a pensar que la corrupción está institucionalizada en los funcionarios de la Ley y el orden.
Me recomiendan que no vaya contra el sistema, porque es muy corrupto y poco autocrítico por lo que no conseguiré nada.
He comprobado que éste es un negocio de mentirosos donde los policías, fiscales, jueces de primera instancia e instrucción, abogados e inculpados mienten constantemente, incluso en los documentos públicos como he
denunciado.
Pues bien, el 26 de noviembre de 2011 llega el escándalo: dictaron el sobreseimiento o archivo del expediente que acumulaba la mayoría de nuestras denuncias, encubriendo los delitos cometidos. Los Juzgados-corruptos
de primera instancia no hicieron una instrucción de nuestras denuncias, pero las retuvieron durante más de 14 meses, ¿con qué intención?
El 7 de noviembre presentamos el recurso de apelación para salir de ese partido judicial corrupto, haciendo que sea la Audiencia Provincial la que juzgue.
Confío en que este libro sirva para que la opinión pública aumente su conciencia del deterioro institucional y reaccione exigiendo transparencia y el cumplimiento de la Ley. También para evitar que siga sucediendo lo mismo y
otras personas sufran la Abusocracia.
También puede ser útil para ayudar a que los policías, fiscales y jueces que están interviniendo en este caso, tengan un mayor conocimiento de él, cambien su comportamiento y cumplan la Ley, así como para que los
gobernantes asignen los medios judiciales que requiere el cumplimiento de los plazos previstos en las leyes que ellos han aprobado. Las calificaciones jurídicas y morales de las actuaciones de todos los intervenientes incluidas
pueden serles útiles.
Paradójicamente hemos llegado a una extraña situación en la que algunos funcionarios que viven de las leyes no las cumplen, convirtiéndose en delincuentes, siendo nosotros quienes exigimos su cumplimiento en contra de
sus actuaciones corruptas por uso indebido de sus funciones.
La crisis internacional de 2008 se ha calificado de sistémica, pues bien, este libro pone de manifiesto una corrupción sistémica de los funcionarios de la
Ley y el orden, así como de las leyes y procedimientos inconstitucionales, que corrompen el Estado de Derecho. El carácter sistémico hace que la corrupción
se extienda desde y hacia los políticos, y hacia los empresarios y el pueblo entero.
En referencia a España, ¿es sostenible una sociedad con un Estado de Derecho donde es habitual que La Casta (políticos), policía, fiscales y jueces de primera instancia no cumplan la Ley?
En mis denuncias y en este libro no pido justicia sino que, en virtud de mis derechos como persona y como español, exijo que los funcionarios públicos cumplan la Ley, como todos tendríamos que hacer para que España progrese y
los españoles podamos tener una vida digna que la corrupción nos niega.
Por último, Perjudicada me ha autorizado a hacer público todo el contenido de este libro aunque no coincida con todas mis opiniones sobre ella.
Como puede verse en el índice, el libro incluye tres anexos que pueden facilitar la identificación de los participantes principales y el seguimiento cronológico de los sucesos. En cuanto a los intervinientes incluye una breve
descripción y explicación del apodo. El resumen de sucesos puede ser útil para ubicar hechos ya leídos o para releer un resumen de toda la historia, de forma que se pueda tener una visión completa, en pocas páginas, de lo sucedido. El
último anexo contiene algunos de los derechos ante la justicia que han sido vulnerados en este caso y que conviene que todos conozcamos. Algunos artículos van acompañados de algunos comentarios sobre este caso.

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Otros libros sobre la corrupción judicial.

La justicia desahuciada. De Elpidio Silva.

https://www.casadellibro.com/libro-la-justicia-desahuciada-espana-no-es-pais-para-jueces/9788499422831/2245998

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