Roberto Macías un ejemplo para toda España. Denunciante de corrupción falsamente denunciado.

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Una veintena de «alertadores» piden que se revoque la condena al denunciante del caso de las facturas falsas de UGT-A

  • Rechazan que no se aplique la directiva europea sobre los denunciantes de corrupción y consideran que se trata de una «nueva represalia»
Roberto Macías (centro) en una protesta ante los juzgados.
Roberto Macías (centro) en una protesta ante los juzgados.

JORGE MUÑOZ

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Una veintena de «alertadores» de corrupción y diez organizaciones de denunciantes de casos de corrupción han emitido un comunicado conjunto en el que piden que se revoque la condena de dos años impuesta por un juzgado de Sevilla a Roberto Macías, denunciante del caso de las facturas falsas de UGT-A.

En el comunicado, los «alentadores» y las organizaciones muestran su «rechazo e indignación» tras conocer la sentencia que condena a Roberto Macías por haber puesto en conocimiento público los presuntos delitos de sus superiores y la organización para la que trabajaba, el sindicato UGT-A. MÁS INFORMACIÓN

Roberto Macías en el momento de entrar al edificio de los juzgados
Roberto Macías en el momento de entrar al edificio de los juzgados / JOSÉ ANGEL GARCÍA

También expresan su «sorpresa y malestar por la inobservancia del marco jurídico vigente: la Directiva Europea UE 1937/2019-A que la sentencia hace referencia, y que contiene disposiciones que son de obligado cumplimiento».

Los firmantes del comunicado también muestran su «consternación ante lo que parece una nueva represalia a un denunciante de corrupción por parte de una Justicia que no sólo desoye su protección, sino que lo condena por una acción que el propio marco jurídico español le obliga a realizar». 

En este sentido, añaden que el Tribunal Supremo, en su sentencia 35/2020 de 6 de febrero, manifiesta lo siguiente: «La Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas  infracciones denuncia».

Por todo ello, reclaman la «nulidad de la sentencia y el archivo de las actuaciones contra Roberto Macías, por haber ejercido su deber de denunciar las presuntas prácticas corruptas de la organización para la que trabajaba y su derecho de hacerlo por el canal que le proporcionase una mayor seguridad. Por ser una sentencia contraria al interés general y a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas».

Y en segundo lugar, piden la modificación del Código Penal, «con el objetivo de impedir que nuestro ordenamiento jurídico continúe criminalizando las denuncias públicas», por lo que piden que se considere como una «eximente de responsabilidad penal la utilización de datos no sensibles para denunciar de forma pública actos de corrupción».

También solicitan la inmediata transposición de la Directiva Europea UE 1937/2019 de protección a los alertadores y denunciantes de corrupción, y la ampliación de las medidas propuestas por la Directiva Europea mediante la aprobación de una Ley Integral de Protección de Alertadores de Corrupción y contra la corrupción.

Los firmantes del comunicado son los siguientes:

Como alertadores:

  1. Alex Diges (Periodista e investigador denunciante de corrupción medioambiental y urbanística)
  2. Ana Garrido (Denunciante caso Gürtel)
  3. Ana Varela (Denunciante fraude formación empleo)
  4. Carlos Martínez (Denunciante cursos de formación desempleados Cataluña)
  5. Consuelo del Cid (Denunciante gestión desamparo niños Asuntos Sociales)
  6. Fernando Urruticoechea (Denunciante corrupción caso Castro Urdiales)
  7. Francisco José Sánchez del Águila (Denunciante corrupción caso Poniente Almería)
  8. Gerardo Gandía (Denunciante cursos formación desempleados Valencia)
  9. Gracia Ballesteros (Denunciante Caso Aquamed)
  10. Jaime González Díaz (Denunciante caso Cártel del fuego, Andalucía)
  11. Javier Perejón (Denunciante corrupción Andalucía)
  12. José M Castillejo (Denunciante caso Zinkia Pocoyo
  13. Julita Gómez Salas (Denunciante corrupción tutela mayores en AMTA, Madrid)
  14. Justo López (Denunciante corrupción caso Ayuntamiento de Benidorm)
  15. Lola Mesa (Denunciante de fraude en TGSS en Cádiz)
  16. Luis Gonzalo Segura (Denunciante corrupción Ejército Español)
  17. Maite Morao(Denunciante caso “Can Balsach, Ayuntamiento de Sabadell)
  18. María Serrano(Denunciante corrupción Seprona Andalucía)
  19. Roberto García (Denunciante formación desempleados La Rioja)
  20. Sonia Peral (Denunciante corrupción sistema educativo)

Y como organizaciones:

  1. AcC Asociación Alertadores contra la Corrupción
  2. Asociación Alianza contra la corrupción
  3. Asociación de víctimas de corrupción judicial
  4. Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia
  5. Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena
  6. Asociación para la lucha contra la Corrupción y en defensa de la Acción Pública.
  7. Asociación Unificada de Guardias Civiles de Málaga.
  8. Corruptil
  9. Desterradas hijas de Eva Asociación contra el robo de niños en manos de Servicios Sociales
  10. UPLA-LA UNIÓN pensionistas por la dignidad social.

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