El sector público está sobredimensionado.

El discurso dominante intenta convencer a la población de que existe un exceso de servicios y empleos públicos que es parte del problema de nuestra economía. Estas afirmaciones se contradicen con los datos objetivos. Pero estas afirmaciones se contradicen con los datos objetivos: El peso del sector público en España es inferior a la media europea. Mientras que aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona del euro es del 50,9% (1). Los empleados públicos en España suponen el 9,47% de la población en edad de trabajar. Solo Italia y Portugal tienen menores porcentajes de empleados públicos. En Francia, Holanda o Suecia estos porcentajes van del 16% al 26% (2). El incremento de empleados públicos en las administraciones autonómicas ha venido acompañado por una disminución de estos en la administración central. De hecho el porcentaje de empleados públicos sobre la población activa se ha mantenido constante, incluso se ha reducido, en el periodo 2005-2010 (3). España tiene un gasto por habitante en salarios públicos por debajo de la media europea (-4,5%). Solo supera en este aspecto a Portugal, Grecia, Italia y Alemania (aunque este último tiene otras fórmulas de financiación) (4). En 2007, antes del estallido de la crisis, España disputaba con Italia ser la tercera economía de la zona Euro, y sin embargo ocupaba el noveno puesto en gasto público en Sanidad y el décimo en gasto en Educación (5). Como los datos demuestran es mentira que el sector público en España esté sobredimensionado. Los países con economías y estados del bienestar más fuertes de la UE tienen sectores públicos más costosos y desarrollados, y a ellos no les afecta la crisis igual que a España. Exigimos el cese inmediato de los recortes y ajustes en servicios públicos. Exigimos el aumento de los ingresos por medio de la aplicación de políticas fiscales progresivas, la persecución del fraude fiscal sin condiciones y la eliminación de los paraísos fiscales. Exigimos el mantenimiento y desarrollo de un sector público que garantice los servicios básicos a toda la población.