Aunque los pocos medios de comunicación que hablan sobre este tema en España, tratan de hacernos creer que la ley hay que hacerla para proteger a funcionarios o trabajadores públicos, eso es falso. La ley debe proteger a las siguientes personas y colectivos. A todo ciudadano Español e incluso extranjero hasta aquellos que estén ilegalmente en España.
Además la ley debe obligar al Estado Español a mantener económicamente al denunciante de corrupción durante todo el proceso judicial, aunque este se prolonge por más de 10 años y durante los 5 siguientes años después de haberse dictado sentencia. Si el denunciante no encuentra trabajo o no puede encontrar trabajo por las represalias que sufre, el estado deberá pagarle una cantidad económica que sea muy superior al salario mínimo en el Estado Español. Obviamente esto se debe hacer cuando iniciada la investigación se encuentren indicios de delito, pero como precaución la ley ha de establecer que las personas que denuncien casos de corrupción reciban apoyo económico por parte del Estado, aunque el caso acabe archivado, cuando quede claro que había indicios de delito y que la denuncia no era falsa ni echa con mala fé. Ni con intención de calumniar ni difamar a nadie.
¿Quién debe ser protegido por una ley que proteja a personas que denuncien casos de corrrupción?
Funcionarios públicos, y a trabajadores públicos que no tengan plaza fija.
Esto obviamente incluye a policías, guardías cíviles, agentes de aduanas, a funcionarios de justicia, militares y un largo etc
A cualquier trabajador de una empresa privada. De cualquier sector de la economía.
A prostitutas, víctimas de las mafias de la trata de blancas.
A personas que denuncien a las mafias del narcotráfico, incluso a las que forman parte de la propia mafia.
A personas que denuncien a las mafias del blanqueo de dinero.
A personas que trabajen en bancos y sean testigos de desvio de dinero a paraísos fiscales.
A personas que denuncien casos de corrupción urbanística. A estas personas hay que protegerlas y hay que investigar el caso incluso cuando sólo haya indicios de que se ha producido un delito.
A personas que denuncien casos de corrupción dentro de un sindicato.
A personas que denuncien casos de corrupción dentro de un partido político.
A personas que denuncien casos de financiación ilegal de un partido, aunque hayan cometido ellos alguno de esos delitos.
